Detuvieron a empresarios paranaenses tras allanamientos por una causa federal

Detuvieron a empresarios paranaenses tras allanamientos por una causa federal

Es una causa que tramita la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y es investigada por la Fiscalía Federal de San Isidro. Detalles del caso que involucra a empresarios paranaenses en el supuesto pago de coimas para obtener concesiones.

Efectivos de fuerzas federales, realizaron una serie de allanamientos en diferentes zonas de la capital entrerriana. Los procedimientos llevados a cabo por Gendarmería Nacional, llamaron la atención, ya que se llevaron a cabo en un barrio cerrado de Paraná, en un edificio de la zona del Parque Urquiza, en la sede de la empresa distribuidora de energía, y, en la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía, entre otros.
Con el paso de las horas, comenzaron a ventilarse los detalles del hecho que motivó los operativos y se conoció que se trata de una causa que se tramita en un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires.

El expediente está a cargo de la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y del Fiscal Federal Nº2 de San Isidro, Fernando Domínguez.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Uno de los allanamientos y el expediente.

Los nombres de los detenidos

En las últimas horas, la investigación derivó en la detención de nueve sospechosos (entre ellos, los empresarios paranaenses), todos exdirectivos de la empresa de seguridad privada “Securitas Argentina SA” y sus franquicias, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos, provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Tucumán y CABA.
Según se investiga en la causa, la firma habría pagado millonarias “coimas” para mantener concesiones de vigilancia privada en múltiples organismos públicos y privados en diferentes lugares del territorio nacional.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como, Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA, según consignó LaNación.

Exsede Securitas Paraná.

Específicamente, los empresarios paranaenses detenidos, son los hermanos Marcelo y Claudio Tortul y también fue detenido, uno de sus socios: Jorge Christian Faria.
En el rubro de la vigilancia y seguridad privada, se desempeñan desde hace décadas los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, detenidos por haber, presuntamente, pagado coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.

Denuncia contra ex directivos

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.

La empresa Securitas.

Así, avanzaron en la denuncia contra quienes ocupaban cargos gerenciales en tiempos de la administración anterior, entre ellos, los empresarios paranaenses.
La investigación que derivó en la detención de los hermanos Tortul, comenzó en febrero de 2020, tras una denuncia hecha por representantes de “Securitas Argentina” en la que sostuvieron que, un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa (de la firma internacional), así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Denunciados por la multinacional

Las conclusiones que los representantes de la empresa internacional, presentaron ante la Justicia federal argentina, fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada, dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.

La empresa Securitas.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.

La “autodenuncia” de la empresa refiere que los “pagos indebidos” se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018. Según pudo saber La Nación de fuentes al tanto del expediente, si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.

Uno de los allanamientos se hizo en un barrio cerrado de Paraná.

Otra sociedad

Para la fecha en que se realizó la denuncia (2020), los empresarios paranaenses de apellido Tortul, ya habían abandonado Securitas y estaban embarcados en otro proyecto. Otro ex gerente de la compañía, Christian Faría, los había invitado a asociarse en la administración de Protecta, su propia empresa de seguridad, como se publicó en aquel momento en Dos Florines. Tanto Claudio y Marcelo Tortul, como Christian Faría, están ahora, detenidos.

La acusación que pesa sobre ambos es que al menos entre 2016 y 2018 habrían efectuado pagos de coimas para mantener contratos con la empresa provincial distribuidora de energía, entre otras. Por eso, cinco directivos de la distribuidora de energía, fueron citados a indagatoria, acusados de haber recibido coimas para favorecer a la empresa de seguridad que gerenciaban los Tortul, y deberán comparecer ante la jueza Arroyo Salgado.

Uno de los allanamientos en un barrio cerrado de Paraná.

El comienzo

Los hermanos Tortul se iniciaron en el negocio de las agencias de seguridad privada cuando asumieron el control administrativo de “El Guardián”, una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad física y electrónica que había creado su padre, un ex comisario de la Policía Federal, en 1995. De esa época datan los contratos con algunas firmas entrerrianas, que ahora están en la mira de la jueza Arroyo Salgado.

“El Guardián” dejó de existir en agosto de 2008, cuando los hermanos decidieron venderle sus acciones a la multinacional sueca Securitas Seguridad Holding, por una suma que debió superar los 200 millones de pesos, ya que requirió la autorización de la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, que se las concedió recién en marzo de 2010.

Cargos en la multinacional

Aunque ambos siguieron vinculados a Securitas, la operación de concentración económica tenía una cláusula de no competencia, que inicialmente se había fijado en cinco años, de modo que, ni Claudio ni Marcelo Tortul, podrían instalar nuevamente una empresa que compita con aquella a la que habían vendido sus acciones.

Los hermanos Tortul y Faria. Foto: (DosFlorines).

Ese plazo se justificaba “por la vinculación personal de los vendedores con los clientes y con los potenciales clientes en la actividad de la seguridad”. Pero el organismo nacional, consideró que no se trataba de un plazo razonable y determinó que la prohibición caducaría a los dos años desde la fecha de efectiva transferencia de las acciones. Así se hizo. Al menos en lo formal, recordó Página Política.
De todos modos, los empresarios paranaenses siguieron vinculados a Securitas durante una década, ocupando cargos gerenciales en la multinacional sueca. Al mismo tiempo, diversificaron su plataforma de negocios.

Supuesta empresa “fantasma”

Claudio Tortul se expandió comercialmente hacia el rubro de la construcción y el mercado inmobiliario. Paralelamente, conformó Tornell SA, la empresa a través de la cual volvió al negocio de la seguridad privada por cuenta propia, junto con Daniel Eduardo Carbonell. En el expediente que tramita en el juzgado federal de Arroyo Salgado, se cree que esta empresa y otra denominada Segar Seguridad SA, eran `fantasmas´ que utilizaban para el pago de coimas, a cambio de hacerse con contratos de servicios de vigilancia.

La firma cuyo nombre es una conjunción de los dos apellidos fue creada el 31 de octubre de 2016. Al poco tiempo, resultó adjudicada para realizar tareas de vigilancia y seguridad en la empresa provincial distribuidora de energía. Fue la única vez que hubo competencia en la licitación y Tornell, fue beneficiada frente a la empresa paranaense Sentry Seguridad Privada, a pesar de las impugnaciones de su rival.

Jueza Sandra Arroyo Salgado.

Facturas, pero sin servicio

“Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual (si bien facturaba) no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, consignó la jueza Arroyo Salgado al justificar los allanamientos.

Los pagos ilegales se habrían realizado, en su mayoría, para renovar, mantener o acceder a contratos con organismos públicos; pero también para agilizar trámites que resultan clave para el desarrollo de la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas. Por ese motivo, es que la jueza Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos.


(Con información de La Nación, Dos Florines y Página Política).